Síntesis

A mediados del mes de junio se había firmado un Memorándum de Entendimiento entre el Estado, Pluna Ente Autónomo y los socios privados, dueños del 75% del paquete accionario de la empresa, por el cual éstos dejaban la compañía y depositaban las acciones en un fideicomiso en la Bolsa de Valores, sin percibir por ello dinero alguno.
El acuerdo se precipitó ante la negativa de los accionistas privados de capitalizar la empresa, tal como lo demandaba el Estado para hacer frente a los compromisos comerciales.
En el marco del acuerdo se otorgó prioridad a la empresa Jazz para que en un plazo de 30 días decidiera si asumía la capitalización o derivaba esta responsabilidad en otros agentes o empresas.
Mientras tanto, Pluna S.A. seguía funcionando con una nueva conformación desu Directorio, a la espera de estas definiciones.
Así las cosas, distintas contingencias hicieron la pasada semana que el Directorio tomara la decisión de suspender indefinidamente su operativa e iniciar un proceso de llamado a concurso.
Esta resolución se tomó por problemas de iliquidez, ya que la empresa no disponía de dinero para poder cumplir con la obligación de cubrir los costos de combustible, exigencia muy clara por parte de ANCAP.
Tampoco existían fuentes de financiación a las que pudiera recurrir la empresa para cubrir los gastos operativos.
Otro factor a tener en cuenta es que el Estado nocontaba con una normativa que lo habilitara a extraer fondos para solventar a una empresa privada, de la cual era socioen sólo un 25%.
Ante la imposibilidad de seguir con el objetivo principal, que era que Pluna siguiera volando, fue necesario entonces tomar la decisión de interrupción de los servicios.

Proyecto de Ley

A partir de esta realidad y frente a los hechos consumados, se instrumentó entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Economía y Finanzas un Proyecto de Ley que permita asegurar una adecuada conectividad de Uruguay con la región, proteger los intereses del Estado y de la sociedad uruguaya y evitar, en la medida de lo posible, todo lo que puedan ser perjuicios económicos y sociales producto de esta situación.
Se procura que el proyecto esté aprobado esta misma semana para acelerar todos los tiempos necesarios para recuperar la conectividad aérea, a partir de la normativa concursal vigente sin alterar las reglas de juego, y asegurar que los patrimonios recuperados vayan en beneficio de los trabajadores y de la mayoría de los acreedores.
El Gobierno pretende ayudar con este proyecto a que el proceso de Concurso que inicia hoy Pluna S.A. transite de la manera más eficiente, minimizando las pérdidas para todos los actores que están involucrados, empezando por la sociedad en su conjunto, propietaria del 25% de las acciones.
El proyecto apunta esencialmente a utilizar todas las herramientas legales con dos propósitos: minimizar las consecuencias y distorsiones generadas por este pedido de Concurso y acelerar los plazos para que los trabajadores puedan retomar actividades y las aeronaves que forman parte del Patrimonio de Pluna vuelvan a operar.

Garantías

El Estado es garante de un crédito con el que se adquirieron las primeras siete aeronaves Bombardier, y cuenta con una hipoteca sobre esas aeronaves.
De acuerdo a las normativas concursales vigentes recién dentro de 120 días podría recuperarse esa hipoteca sobre los siete aviones. Por tanto la base de este proyecto empieza estableciendo que los plazos de ejecución de estas hipotecas se abrevian al máximo. Con posterioridad a la aprobación de la ley las hipotecas quedarán ejecutadas. Tan rápido como se logre aprobar el proyecto más rápido se podrá encontrar solución a los problemas planteados.

Subasta

Según el proyecto las aeronaves serán depositadas en un fideicomiso, y ese fideicomiso será el que se encargará de llevar a subasta pública el lote.
Quiere decir que el Estado se hace cargo del crédito de 135 millones de dólares y está asumiendo las garantías reales que tiene para eso, y el proceso de subasta pública tiene que contribuir, en primer lugar, a recuperar en su integralidad los compromisos asumidos.
La intención del Gobierno es que la subasta se realice en el menor plazo posible, con un máximo de 60 días.

Mantenimiento

La ley facultará al Poder Ejecutivo a hacerse cargo de todos los costos de mantenimiento que asegure la calidad y el valor de los activos que forman parte del fideicomiso. Esto asegurará que al final del proceso el material en subasta no sufra el deterioro propio de la falta de mantenimiento.

Negociar líneas

La ley también facultará al Estado a negociar con el adquirente de las aeronaves para que éste disponga rápidamente de las frecuencias que operaba Pluna S.A. hasta el momento de la interrupción de sus actividades.

Trabajadores

Esta negociación de frecuencias y líneas incluirá, necesariamente, la incorporación de los trabajadores de Pluna S.A. en esos nuevos servicios, y la recuperación de deudas de entes públicos que son acreedores de Pluna S.A.
El Estado podrá asegurarle mecanismos de financiamiento a los nuevos inversores, siempre y cuando estén dadas las condiciones de asegurarle trabajo a los trabajadores y recuperación de deudas para que la sociedad no tenga que hacerse cargo de pasivos.
En el plano laboral, la ley posibilita además crear un fondo de adelanto de créditos laborables, con el propósito de resolver alguno de los problemas planteados por la situación de trabajadores que hoy van al seguro de paro pero en el contexto de la quiebra van a tener derecho a despido. Este fondo permitirá que los trabajadores, en este proceso, reciban el salario en forma completa.